Editores de publicaciones periódicas piden al Gobierno un Plan de Choque de Ayudas para el sector
Contenido
- Las cuatro asociaciones -Asociación Española de Editores de Publicaciones Periódicas (AEEPP), Asociación Revistas de Información (ARI), de Asociación de Prensa Profesional y Contenidos Multimedia (Coneqtia) y Asociación de Revistas Culturales de España (ARCE)- han enviado este lunes un documento conjunto a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en el que plasman el Plan de Choque en 25 propuestas.
- De ellas, 9 deberían tomarse de inmediato, según los editores. Entre estas están la suspensión de cotizaciones a la Seguridad Social mientras se mantengan las medidas del estado de alarma, facilitar la presentación de ERTEs, abonar de modo urgente los pagos que deban las administraciones públicas a los editores, implantar el IVA superreducido a las publicaciones digitales, abrir una línea de financiación bonificada al sector a través de ICO o de Cesce y lanzar un plan especial de publicidad y comunicación institucional por la pandemia que llegue a todos los editores, incluidos los pequeños y medianos editores.
- Entre las 16 medidas menos urgentes, los editores piden un Plan Nacional de Fomento de la Lectura de Prensa Impresa y Digital, la integración del envío de publicaciones periódicas impresas en el Servicio Postal Universal, planes de formación para los profesionales del sector y la creación de un Instituto para la Innovación Periodística.
- En el documento enviado al Gobierno, las asociaciones que lo han elaborado cifran en hasta 250 millones de euros la caída de ingresos de sus asociados para el conjunto de este año y argumentan que, si no se aprueban y aplican de inmediato medidas urgentes, una parte relevante del tejido empresarial y del empleo puede desaparecer.
- En el documento se reivindica el crucial papel que están desempeñando los medios para el conjunto de la sociedad durante la pandemia. «La prensa y las publicaciones periódicas no son un sector económico más -afirman los editores en las propuestas que han enviado al Gobierno-. Son un elemento clave en el buen funcionamiento de la sociedad democrática. Son los garantes del derecho constitucional de todos los ciudadanos a la información y a la libertad de expresión. Sin unos medios de comunicación social diversos y plurales, el conjunto de la sociedad española sería más pobre».