Fin de la paradoja: la ‘Lista Robinson’ dejará de ser pública

La Lista Robinson es el fichero de exclusión publicitario oficial en España, avalado por la Agencia de Protección de Datos y gestionado por la Asociación Española de Economía Digital, (Adigital).

En la actualidad, esta lista cuenta con más de un millón de usuarios registrados que se oponen a recibir impactos publicitarios por los canales designados. La consulta del fichero Robinson es obligatoria antes de realizar cualquier emisión publicitaria vía mailing, telemarketing, emailing o SMS, a fin de garantizar que ninguna de las personas registradas en él recibe impactos publicitarios. El incumplimiento de esta obligación (consulta y eliminación de estos usuarios de las bases de datos de potenciales clientes) puede acarrear multas de hasta veinte millones de euros o de una cuantía equivalente al cuatro por ciento de la facturación de la empresa responsable.

Hasta el pasado 18 de febrero, se deba la paradoja de que el fichero con los datos personales del millón de robinsones era la base de datos más compartida y accesible. De manera mensual, Adigital la hacía pública a fin de que las empresas pudieran consultar los contactos coincidentes entre sus bases de datos y el referido fichero para (si actuaban de un modo ético y acorde a la ley) excluirlos de los envíos. Aunque dichas empresas cumplieran con el deber de excluir a los robinsones, que justo se compartan masivamente los datos de quienes precisamente tienen el interés en mantenerlos ocultos, es cuanto menos paradójico.

Adigital ha puesto fin a esta anomalía metodológica y en este mes ha publicado la última Lista Robinson. En su lugar, la consulta se realizará a través de una API de pago que anonimiza los datos aportados por las empresas, los cruza con la Lista Robinson y devuelve la información indicando si el registro es Robinson o no. Para realizar esta consulta es necesario disponer de una herramienta propia que conecte con la API. Asimismo, para que la consulta funcione correctamente, las empresas deberán haber sometido sus bases de datos a un pre-proceso de calidad que evite e falsos positivos y estarán obligadas a guardar evidencias que prueben cada consulta.

Se trata de un importante paso en la protección efectiva de los datos del usuario para el que las empresas deberán estar preparadas.