Hay buenas noticias respecto a la atención y protección de los consumidores: reclamar a la Autoridad del Cliente Financiero será gratis para el cliente. Así lo han asegurado desde el Ministerio de Asuntos Económicos, dirigido por Nadia Calviño, la vicepresidente primera del Gobierno. Este departamento del Gobierno ha comunicado a las organizaciones de consumidores que las reclamaciones dirigidas a la futura Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero serán gratuitas para los clientes.
También se ha anunciado que la tasa de 250 euros para financiar la Autoridad se cobrará solo a las entidades financieras. Además, esta decisión del Gobierno se produce tras detectar un error en el documento enviado a los órganos de consulta, con detalles del proyecto de Ley para la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, la cual hizo saltar todas las alarmas. El anteproyecto que se aprobó en el pasado mes de abril pretende resolver las reclamaciones de personas físicas o jurídicas por posibles incumplimientos de normas de conducta, buenas prácticas y usos financieros. También se han tenido en cuenta las clausulas abusivas -tal y como han sido declaradas por los tribunales- en relación a los contratos financieros. Estas reclamaciones de¡¡se resolverán en un periodo máximo de 90 días, salvo en casos excepcionales y complejos.
Tal y como ha indicado 65ymás, en Facua-Consumidores en Acción avisaron de que la disposición adicional primera del documento presentado por el Ministerio indicaba que eran sujetos pasivos del pago de la tasa las entidades financieras de los clientes. Sin embargo, en el primer borrador del anteproyecto se especificaba que únicamente iban a ser las entidades financieras las que debían hacer frente al pago de los 250 euros. El Ministerio dirigido por Nadia Calviño admitió el error en el documento y ha modificado el texto para excluir a los clientes del pago de la tasa, por lo que han asegurado que «los servicios a los usuarios son gratuitos».
«Es cierto que en el articulado de la norma se recoge por error que la tasa la pagan las entidades financieras y los clientes, si bien os informamos oficialmente de que se trata de un error, como se constata en la exposición de motivos del proyecto de ley», señala el comunicado enviado a Facua. La organización también ha recogido otras propuestas y medidas en este ámbito, como el plazo máximo de un año para reclamar ante la Autoridad Independiente, el hecho de que solo sean vinculantes las resoluciones por cuestiones económicas de menos de 20.000 euros y que se pueda sancionar a los usuarios si interponen una reclamación en la que se vea «temeridad» o «mala fe».
Una vez que los órganos de consulta tomen una decisión, el proyecto de Ley deberá ser aprobado por el Congreso de Ministros en segunda vuelta para que se inicie su tramitación parlamentaria. Este hecho está previsto que suceda durante el otoño de este año.
Desde Facua aseguran que incluir como sujeto pasivo de esta tasa a los usuarios entra en contradicción con el resto del texto normativo, que en numerosas ocasiones señala la gratuidad de este sistema alternativo de resolución de conflictos. Así, la exposición de motivos del anteproyecto de ley indica que «la resolución de las reclamaciones por la Autoridad tiene importantes ventajas para los clientes financieros, teniendo su resolución carácter gratuito para el cliente».
Esta redacción del texto se da en un contexto en el que, tal y como señala la Memoria de Reclamaciones de 2021 del Banco de España, las reclamaciones de los ciudadanos por malas prácticas de los bancos aumentaron un 61% respecto a 2020.
